Es necesario un equilibrio y un acuerdo entre todos los actores del sector para que el impacto del IPC sea el menor posible y todas las partes tengan unas perspectivas sostenibles y beneficiosas a largo plazo. Esta ha sido una de las conclusiones principales de la ‘Jornada de Diálogo. Arrendadores y arrendatarios en un contexto inflacionista’.
Organizada por la Asociación Española del Retail (AER) en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid, ubicada en el Campus de Somosaguas, ha contado con la bienvenida de Laureano Turienzo, presidente de la Asociación Española del Retail. “El objetivo de esta asociación es crear debate en torno al retail y ofrecer espacios de análisis que abran nuevas vías de comunicación entre todos los sectores de esta industria”, ha señalado Turienzo.
Como experto en la materia, ha arrancado la jornada Ricardo Rustarazo, socio de Retail&Trade Marketing y cofundador del Club Retail Iberia de Eurelia, quien ha compartido una visión multifoco sobre el sector del comercio detallista y del retail real estate. Para comenzar su exposición, ha repasado la legislación vigente en materia de arrendamientos urbanos y ha puesto el foco en el proceso de concentración de la propiedad: “Especialmente relevante en el sector de los centros y parques comerciales, esta concentración tensiona de manera evidente la relación de fuerzas entre arrendados y arrendatarios”.
Hitos como las crisis económicas vividas en la última década o la llegada del comercio electrónico han contribuido a las renegociaciones costosas, la reorganización de los portfolios y la llegada de nuevos operadores, junto con el impacto en las cuentas de resultados y las tasas de esfuerzo de las marcas. De esta forma, Rustarazo ha manifestado que hay que reconsiderar la legislación vigente específica para locales comerciales: “Porque mantiene a los arrendatarios en una situación constante de desequilibrio y conflicto”. Además, “es el momento del win-win que tanto hemos escuchado en los prolegómenos de las negociaciones (diálogo, negociación, acuerdo)”, sostiene Rustarazo. Asimismo, no hay que dejar de lado la viabilidad del comercio individual y las zonas comerciales urbanas, “ya que permiten mantener la trama urbana atractiva, accesible y sostenible”.
En materia económica, “la indexación del IPC sobre los alquileres pone en riesgo la viabilidad del propio sector”, ha afirmado el experto. Por ello, la Alianza de Comercio y Hostelería de España –formada por Acotex, ADFB, Amicca, Anceco, CEC, Comertia, Eurelia, FECE, Hostelería de España y Marcas de Restauración– plantea la aplicación de un tope del 2 % a la indexación de los contratos en 2022 y 2023, “para evitar la fragilidad a corto y la desaparición a medio/largo plazo de muchos operadores”.
Además, se propone constituir una Mesa de Diálogo del Sector y la Administración, especialmente relacionados con la LAU y facilitar una legislación específica de arrendamiento de locales comerciales, para la actividad del comercio detallista, que reequilibre la posición de arrendatario y arrendador en las condiciones sobre las que desarrolla su actividad. Finalmente, Rustarazo ha lanzado una recomendación: “Dialoguen, encuentren el justo equilibrio en sus negociaciones, para la fortaleza del sector de comercio, hostelería y servicios en su conjunto (arrendatarios, inversores, promotores, propietarios, gestores y comercializadores)”.
Mesas de debate con comerciantes
Posteriormente se celebraron sendas mesas redondas sobre el impacto del IPC (alquileres) en la cuenta de resultados y en la evolución del negocio futuro. Además, se plantearon, entre otras cuestiones, si es posible racionalizar el IPC para mantener vivo el comercio o qué medidas se pueden adoptar desde el retail con una perspectiva sostenible y de largo plazo y beneficiosa para todas las partes.
Todos los comerciantes presentes en ambas mesas, que no han tenido representación de los arrendatarios, han coincidido en la necesidad de ese diálogo entre los actores del sector y con las administraciones públicas. Aunque se han mostrado escépticos ante el impulso de medidas por parte del Gobierno que garanticen un apoyo a comerciantes y propietarios.
En la primera parte, han intervenido Jaime Casado, director de Expansión de Centros Ideal; José Luis Pardos, Expansion Director de Tansley; Vidal Arrastio, director de Expansión de Merkal; y José María García, director de expansión y obras de Etam, quienes han sido moderados por Laureano Turienzo.
Jaime Casado ha señalado que hay que buscar un «punto de encuentro entre arrendadores y arrendatarios» y ha apuntado a las bonificaciones como «fórmula para neutralizar el efecto del IPC». Sin embargo, Vidal Arrastio considera que esto es una «solución momentánea» y ha apelado a establecer unos «mecanismos de moderación con la intervención de todos y con estudios técnicos».
Por su parte, José Luis Pardos ha apuntado a la necesidad de transformación del retail debido al empuje del comercio electrónico y ha coincidido en que «una política adecuada puede controlar la inflación». Además, José María García ha puesto el foco en «la búsqueda del equilibrio«, ya que el umbral de rentabilidad se reduce y sus efectos se sienten a largo plazo.
En una segunda tanda de debate, han participado Fernando Tendero, director de expansión y franquicias de Alsea; Alejandro Martín, director de expansión del Grupo Lateral; Iñigo Erviti, director de expansión España & Portugal del Grupo Iskaypet; y Manuel Paz, director de expansión de Alain Afflelou; conducidos por Alfonso Sebastián, vicepresidente de la AER.
Fernando Tendero ha apelado a los mecanismos de supervivencia propios de cada comerciantes, ya que «hay que analizar contrato a contrato y propietario a propietario». Además, ha señalado que con los nuevos contratos hay un poco más de margen; sin embargo, con las renovaciones en más «complicado». Por su parte, Alejandro Martín ha recordado a los franquiciados y el esfuerzo que estos hacen; además, ha puesto el foco en la negociación para «normalizar de cara al propietario la limitación del IPC».
Íñigo Erviti ha coincidido en la necesidad de fijar topes al IPC y ha mencionado también los costes energéticos y los derivados de la reforma laboral, como todo ello impacta en las cuentas de resultados. Antes esta situación cambiante, es imprescindible buscar medidas positivas para ambas partes. Según Manuel Paz, las bonificaciones temporales tampoco son la solución y ha apuntado a una mayor facilidad de negociación en locales de calle que en los ubicados en centros comerciales.
