La obligación de instalar unas dotaciones mínimas de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos en los aparcamientos de más de 20 plazas entra en vigor el próximo 1 de enero de 2023, a travás del Real Decreto-ley 29/2021, de 21 de diciembre. Esto tendrá un gran impacto sobre el sector de centros y parques comerciales que en la mayor parte de los casos ya que sus aparcamientos superan este límite de plazas.
En este sentido, Apresco señala que el sector cuenta con más de 860.000 plazas de aparcamiento en todo el territorio nacional y que la aplicación de esta medida exigiría contar con más de 16.000 puntos de recarga antes del 1 de enero de 2023. «Teniendo en cuenta que el número total de puntos de recarga públicos existentes en España en 2022 es de 16.500, la norma implica que nuestro sector debe instalar en un solo año un número equivalente de puntos a todos los existentes en España en la actualidad», señala la Asociación de Propietarios de Espacios Comerciales.
«Nuestras empresas están plenamente comprometidas con la sostenibilidad de sus espacios comerciales. Por ello, la mayoría ya contaba antes de la publicación de esta norma, con ambiciosos planes para incrementar las capacidades de recarga eléctrica de nuestros centros durante los próximos años», añaden. Así, con la publicación de este Real Decreto, todas las empresas han adaptado y acelerado sus planes de inversión en este punto para intentar cumplir con las obligaciones definidas dentro de los plazos establecidos.
Sin embargo, según ha detallado el director general de Apresco, Ángel del Monte, en su intervención parlamentaria en la Subcomisión sobre el despliegue e instalación de infraestructuras de recarga eléctrica y de hidrógeno, a pesar de los esfuerzos realizados, la realidad es que el plazo establecido por el Gobierno, 1 de enero de 2023, resulta técnica y materialmente imposible de cumplir desde el momento en que la medida fue aprobada.
«Existen importantes cuellos de botellas técnicos y administrativos que provocan que los plazos actuales para la instalación de los puntos de recarga exigidos sean de al menos 15 meses en el mejor de los escenarios y se eleven por encima de los 30 meses en muchos casos», apunta Apresco.
La Asociación manifiesta una enorme preocupación por la situación que vivirá el sector a partir del 1 de enero cuando entre en vigor esta medida y solicita un aplazamiento de dos años de esta obligación hasta el 1 de enero de 2025, fecha totalmente alineada con los plazos propuestos por la Directiva (UE) 2018/844. «Hay que tener en cuenta que España ha sido el único país de la UE en fijar como fecha límite para el cumplimiento de esta obligación el 1 de enero de 2023″, recuardan.
Adicionalmente, Apresco ha solicitado la agilización de todos los procedimientos administrativos y la simplificación de los trámites necesarios para la instalación de puntos de recarga que actualmente suponen uno de los principales motivos de la ralentización del proceso.
