Tal y como informaba Just Retail el pasado 21 de octubre, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha tumbado, al menos provisionalmente, el PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) del municipio malagueño de Torremolinos, en vigor desde enero de 2020. De esta forma el proyecto Intu Costa del Sol, de la promotora intu (actualmente en concurso de acreedores) y Eurofund, no podría empezar su construcción.
Salsa Inmobiliaria (Sociedad Azucarera Larios) y General de Galerías Comerciales, socimi liderada por el empresario Tomás Olivo y la sociedad mercantil Arrou SL, han interpuesto sendas demandas idénticas contra el Ayuntamiento de Torremolinos, según informa El Confidencial. Desde Salsa argumentan que los últimos cambios introducidos en el PGOU les causan perjuicio, fundamentalmente en el ámbito de los accesos. «Durante dos años hemos presentado alternativas viables sin que el Ayuntamiento haya informado, contestado, ni atendido», afirman fuentes oficiales de la compañía.
La suspensión cautelar del PGOU viene motivada «por un defecto grave en la tramitación, la ausencia de la Evaluación Ambiental Estratégica, motivo por el que Tribunal Supremo ha anulado reiteradamente diversos planes generales, creando doctrina», según ha confirmado a El Confidencial la Sociedad Azucarera Larios, que añade: «A nuestro criterio el plan tiene un problema de fondo que se resolverá en los próximos años cuando haya sentencia». La Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Torremolinos y el propio intu Costa del Sol han recurrido la decisión.
Guerra comercial
El Ayuntamiento de Torremolinos considera que existe una guerra comercial, que tanto Salsa como un representante de General de Galerías Comerciales niegan. Ginés Ros, su director financiero, rechaza que intu Costa del Sol sea competencia del centro comercial que tienen en La Cañada (Marbella). Entre ambos terrenos hay 47 kilómetros.
Por otro lado, Salsa cuenta con 111.198 metros cuadrados de suelo, calificados como comercial, y situados junto a los terrenos del futuro centro de ocio. La compañía se queja de no contemplarse un acceso directo a su futuro emplazamiento en la zona, tal y como del que sí dispone Intu Costa del Sol tras una intensa negociación con la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento.
La segunda teniente de alcalde de Torremolinos, Maribel Tocón resalta las «graves implicaciones económicas, sociales y medioambientales» que supone este parón del proyecto. El Ayuntamiento de Torremolinos considera que la aplicación del anterior PGOU (que data de 1996) resulta más lesivo para la defensa del medio ambiente que el aprobado por la Junta de Andalucía.
La fundamentación utilizada por la Sección segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJA interpreta que el documento de revisión del PGOU no había sido objeto de Evaluación Ambiental, dado que considera que las instrucciones elaboradas por los servicios de medio ambiente no se adecuan a las leyes medioambientales en vigor.
El Ayuntamiento de Torremolinos espera que se levante la suspensión cautelar en un plazo de un par de meses, pero nadie duda de que alguna de las partes recurrirá la sentencia del TSJA al Tribunal Supremo en el caso de que no sea favorable para sus intereses.
