La gran mayoría de comerciantes y restauradores de los centros comerciales están totalmente indignados con el propietario de centros comerciales Unibail-Rodamco-Westfield (URW) porque no han podido llegar a ningún acuerdo, mientras que con pequeños propietarios han establecido pactos para reequilibrar los alquileres comerciales, según denuncian en un comunicado.
Desde el 14 de marzo, fecha en que se decretó el Estado de Alarma, «este arrendador ha ido posponiendo y evitando la renegociación de los alquileres de los locales comerciales afectados, y ahora, desde el mes de enero, se niega a aplicar las medidas aprobadas al RDC 34/2020, de 20 de octubre», a las que los arrendatarios comerciantes y restauradores habían solicitado expresamente acogerse, añaden los comerciantes.
El comunicado acusa al gran propietario de centros como Glòries, La Maquinista o Splau, entre otros, de haber hecho llegar a sus operadores las facturas del mes de enero con los importes íntegros de alquiler y gastos, «como si los locales hubieran estado a pleno rendimiento todo este tiempo», rehusando la aplicación de las medidas incluidas al decreto catalán 34/2020, de 20 de octubre de la Generalitat, a las que solicitaron acogerse los arrendatarios y que les supone eximirse del pago del 50 % del alquiler y gastos de la superficie que no se pueda aprovechar por razón de las medidas de suspensión o restricción asociadas al Estado de Alarma. De hecho, buena parte de los operadores «han denunciado a URW por miedo al desahucio».
Los operadores están muy decepcionados con este arrendador porque a pesar de la colaboración con él durante los últimos dos meses, con reivindicaciones constantes y manifestaciones para pedir la reapertura de los centros comerciales, «URW sigue actuando sin tener en cuenta el contexto de crisis sanitaria, evitando el diálogo y acogiéndose unilateralmente y de forma malintencionada a la reciente norma española (R. Decreto-Ley 35/2020, 22 de diciembre) a pesar de que los arrendatarios han escogido la aplicación de las medidas incluidas al decreto catalán, que al fin y al cabo se trata de una medida subsidiaria en el posible acuerdo, al que URW siempre se ha negado». Es más, ya hay jueces que han adoptado medidas cautelares basadas en la normativa catalana, continúa el comunicado.
De hecho, debido a que en el artículo 2.1., apartado E del decreto catalán hay una cláusula donde se especifica que aquellos operadores que se hayan acogido al decreto catalán y hayan estado 3 meses cerrados pueden marchar del centro comercial sin tener que pagar la cláusula de obligado cumplimiento. Algunas marcas de restauración ya han decidido acogerse a esta posibilidad para abandonar los centros y está previsto que en las próximas semanas también lo hagan otros operadores.
Las entidades Comertia y Barcelona Oberta denuncian estas posturas «inflexibles y poco realistas» de grandes tenedores y los instan a respetar la normativa catalana de rebaja del alquiler, para poder hacer frente a la situación.
