Este martes 9 de agosto, entran en vigor las obligaciones de los comercios relativas al ahorro energético anunciadas por el Gobierno hace una semana. Tanto los escaparates de las tiendas como los edificios públicos que en ese momento estén desocupados deberán apagar su alumbrado a las 22 horas. Con esta medida, que estará vigente hasta octubre de 2023, el Gobierno pretende reducir el consumo energético en el contexto de la guerra de Ucrania. Junto a esto, el Ejecutivo obligará a que la temperatura de comercios y grandes almacenes, cines o transportes se limite a 27 grados máximo en verano y 19 mínimo en invierno. Además, las puertas de los comercios deberán tener cierres automáticos –entrando esta medida en vigor el 30 de septiembre–.
La Asociación de Propietarios de Espacios Comerciales, Apresco, comparte la preocupación por las consecuencias de la crisis energética que está afectando al conjunto de la sociedad, y en particular, a todos aquellos sectores, como el comercial, en los que la energía supone una de las principales partidas de costes.
Pero también recuerdan que este sector «lleva años demostrando su compromiso por reducir al máximo su consumo energético y luchar contra el cambio climático, que se ve reflejado en las cuantiosas inversiones y en las actuaciones que nuestras empresas vienen realizando en la mejora de la eficiencia energética de estos espacios, en el uso de energías renovables y en la implantación de sistemas de control y gestión energética y de múltiples medidas de ahorro energético, que nos han permitido reducir de forma considerable nuestra huella de carbono».
Desde Apresco piden «la adopción de medidas excepcionales y temporales alineadas con las políticas de la Unión Europea», que contribuyan a reducir el consumo energético, pero sin menoscabar el confort de los millones de clientes que les visitan semanalmente.
Además, ponen de manifiesto los «grandes esfuerzos e inversiones adicionales que estas medidas supondrán» para muchas de las empresas, las cuales aún se encuentran recuperándose de los efectos de la pandemia. En definitiva, solicitan tanto la «flexibilidad en la aplicación de las medidas» para tener en cuenta las características y necesidades de los diferentes tipos de espacios comerciales, como el «apoyo de las administraciones públicas a través de ayudas e incentivos» que faciliten su implantación y que les permitan seguir avanzando en el objetivo común de lograr espacios eficientes, sostenibles y respetuosos con el medioambiente.
