La Guardia Civil y la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), en el marco de la operación ‘Isla Sorna’ desarrollada en Tenerife, han detenido a cuatro personas, de nacionalidad rusa y española, que habrían eludido sus obligaciones tributarias y fiscales ante la Hacienda Pública española.
Se les atribuye los delitos de blanqueo de capitales, delitos contra la Hacienda Pública, administración desleal, falsedad documental y suplantación de identidad. Estas personas se servían de ingeniería fiscal-contable, sociedades y fondos de inversión extranjeros, empresas pantalla y despachos de fiducia para financiarse con fondos originarios de Rusia que hacían llegar a Tenerife a través de paraísos fiscales y territorios de nula tributación eludiendo toda responsabilidad fiscal y tributaria.
La presente investigación se inició a principios del año 2018 cuando la Guardia Civil detectó que una empresa española se había estado financiando previamente a través de préstamos privados sin elevar a público otorgados por ciudadanos de origen ruso. Hace unos meses, esta empresa había comprado los terrenos de una antigua sala de fiestas ubicada en Tenerife con el fin de reconvertirlos en un centro comercial de lujo. Y el pasado mes de julio presentaban el proyecto ante las autoridades de la isla.
Paraísos fiscales
El desarrollo conjunto de la investigación llevada a cabo por la Guardia Civil y la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) permitió conocer que esta empresa española, para iniciar su proyecto de reconversión, tuvo que recurrir a fondos de inversión y sociedades extranjeras, de capital ruso y peculio de dudosa procedencia con el fin de obtener la financiación necesaria. Para ello recurrieron a fuentes de financiación a través de sociedades nacionalizadas en Australia, Luxemburgo e Islas Vírgenes Británicas, lugar este último en donde una de las sociedades prestamistas se encontraba vinculada a un despacho de fiducia, asociado a multitud de sociedades pantalla de tipo “vehicular”.
A través del empleo de dichas sociedades pantalla habrían logrado préstamos hipotecarios por importes superiores a los 23 millones de euros, algunos de ellos con intereses de hasta el 25%.
A su vez, el análisis económico efectuado hasta la fecha ha podido determinar la utilización de un circuito para la introducción de fondos en España, concretamente en Tenerife, compatible con las fases del blanqueo de capitales atendiendo a los criterios establecidos por la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales. Gracias a la práctica de un sistema de “ingeniería fiscal” conseguían devenir posteriormente estas operativas, con el objetivo de evitar en última instancia el pago de impuestos a la administración tributaria.
45 millones de euros
Por parte del Juzgado que dirige la investigación se acordó la anotación preventiva de bloqueo y disposición de bienes muebles e inmuebles, por importe total aproximado de 45 millones de euros, para garantizar las posibles responsabilidades civiles y pecuniarias.
