Tras el anuncio, hace dos días, del PSOE y Sumar sobre el endurecimiento de la fiscalidad de las sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario (socimis) –que están exentas, en determinados tramos, del pago del impuesto de sociedades–, Merlin y Colonial amenazaron con con marcharse del país si se aprobaba el mencionado plan fiscal.
El pasado lunes ambos partidos pactaron “suprimir” el régimen fiscal especial de estas empresas (por el que tributan al 1% en el Impuesto de Sociedades), “que no ha servido para mejorar la oferta de viviendas”.
Este miércoles, Castellana Properties, también empresa cotizada en el mercado bursátil español y enfocada total y exclusivamente en el sector retail, centros y parques comerciales, ha emitido un comunicado en el que expone que dado que su obligación es velar por su negocio, los intereses de nuestros accionistas y los más de 8.000 puestos de trabajo directos que generan en nuestros 15 centros y parques comerciales en el territorio español, no dudarán «en tomar las medidas oportunas para garantizar la continuidad» de su negocio «de la mejor manera posible». Y añaden que no entienden que existan argumentos «para una propuesta de alteración del actual régimen fiscal para una socimi dedicada 100 % a retail«, siendo conscientes que dicha alteración «podría provocar la salida de inversores internacionales hacia otros destinos, así como desincentivar la inversión futura en España».
La sociedad capitaneada por Alfonso Brunet defiende que las socimis son un vehículo creado para atraer inversión y dar acceso al pequeño inversor, al ahorrador. Y explica, en el comunicado, que otros países como Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, Italia, Bélgica, Finlandia, Irlanda, Hungría, Lituania, Países Bajos, Luxemburgo o Portugal cuentan con vehículos similares, sometidos a regímenes fiscales análogos al español.
Las socimis disfrutan de un régimen fiscal que ha impulsado la inversión en España, generando, en el día a día de su actividad, ingresos para la Administración española por conceptos como el propio Impuesto sobre Sociedades, IVA, IBI, IAE o transmisiones patrimoniales, entre otros, asegurando que el sistema esté sujeto a control y supervisión.
Castellana defiende que la mayoría de las socimis invierte en la modernización de inmuebles, mejorando la eficiencia energética de los edificios, lo que reduce los costes operativos y contribuye a la sostenibilidad ambiental. Y que, asimismo, han generado beneficios sustanciales en términos de inversión, empleo, fiscalidad y desarrollo sostenible. Y han jugado un papel clave en la dinamización del mercado inmobiliario no residencial y la profesionalización del sector contribuyendo al desarrollo económico y a la creación de empleo de valor añadido en diversas áreas.
