El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha suspendido de manera cautelar el Plan General de Ordenación Urbana de Torremolinos.
La decisión del alto tribunal puede paralizar temporalmente proyectos tan importantes como la construcción del complejo comercial y de ocio Intu Costa del Sol, que supone una inversión de 850 millones de euros que generará 4.000 empleos directos y 3.000 indirectos, que se suman a los 2.500 puestos de trabajo que se crearán durante la obra.
Así lo ha dado a conocer el Consistorio que afirma que ya trabaja en los procedimientos necesarios para recurrir la decisión del tribunal que no está conforme con los criterios utilizados por la Junta de Andalucía para la tramitación medioambiental del propio documento.
El auto judicial, que tiene un plazo de cinco días para ser recurrido, señala que «se tienen que determinar si se ha llevado la Evaluación Ambiental Estratégica», por lo que el gabinete jurídico municipal ya trabaja en la defensa de un plan general que ha seguido «todos los procedimientos y criterios impuestos por la Junta de Andalucía, que es el órgano competente para la aprobación definitiva del PGOU», según ha informado la edil titular del área, Maribel Tocón.
«Nos ha sorprendido mucho la decisión debido a que el nuevo plan general defiende de forma mucho más exhaustiva el medioambiente que el anterior plan. El PGOU recientemente aprobado es mucho más garantista a la hora de cumplir con los criterios ambientales y de sostenibilidad, protegiendo a grandes rasgos espacios que anteriormente estaban en peligro de explotación como la sierra», ha manifestado Maribel Tocón.
La nueva situación «se resolverá en los próximos días, y desde ya trabajamos en articular los recursos necesarios para defender los intereses de los ciudadanos de Torremolinos, teniendo en cuenta que este Ayuntamiento ha seguido a rajatabla todos los criterios y procedimientos trasladados por los órganos sustantivos y competentes en el desarrollo y aprobación del PGOU».
De momento, añade la teniente de alcalde y edil de Urbanismo, «además de solicitar una reunión urgente a la Junta de Andalucia para atender la situación generada por su propio documento medioambiental, requeriremos al TSJA que pida una garantía económica a la parte recurrente de cara al daño económico que pueda resultar de la suspensión cautelar del PGOU de Torremolinos».
El equipo de gobierno de Torremolinos lamenta «que otros municipios se hayan visto afectados igualmente después de que el TSJA haya señalado como insuficiente las instrucciones de la Junta de incluir una adenda medioambiental en las modificaciones o desarrollos de los nuevos planes generales, una decisión que podría también perjudicar a más de una docena de municipios de la provincia».
